{VIVIR / MEDIO AMBIENTE}

Elecciones Generales, 16 medidas para activar el campo

UPA presenta un documento a los partidos para reactivar la actividad agraria y la vida rural

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha elaborado un documento de propuestas para las Elecciones Generales del próximo 29 de noviembre, que trasladará a las fuerzas políticas que concurren a los comicios. El sindicato agrario tiene como objetivo que estas reivindicaciones se traduzcan en compromisos concretos y medidas de gobierno.

"El documento -detallan desde UPA- recoge 16 propuestas que abarcan los principales desafíos del sector agrario, desde la rentabilidad de las explotaciones y el reparto justo de las ayudas públicas hasta la incorporación de jóvenes, la adaptación al cambio climático, la sanidad animal y vegetal o la mejora de los servicios públicos en el medio rural. UPA reclama a los partidos políticos que incorporen estas medidas a sus programas electorales y que, tras las elecciones, las conviertan en actuaciones efectivas".

Aprobación de la Ley de Agricultura Familiar

Exigimos un compromiso real para la elaboración de una Ley que reconozca jurídicamente a la agricultura y ganadería familiar y profesional y utilizar esa definición para priorizar el acceso a ayudas públicas, inversiones, tierra, agua y políticas fiscales. El apoyo público debe favorecer preferentemente a quienes trabajan directamente en la explotación, generan empleo y mantienen actividad económica en el territorio.

Una PAC post-2027 que redistribuya realmente las ayudas hacia agricultores y ganaderos profesionales de carácter familiar

Defender en Bruselas una PAC con presupuesto suficiente, evitando su renacionalización y reforzando la degresividad, los límites máximos de ayuda y el pago redistributivo. El objetivo debe ser que una mayor proporción del presupuesto llegue a explotaciones familiares pequeñas y medianas y no se concentre en grandes perceptores. Es necesario que los partidos políticos se comprometan para que los fondos de inversión, que están acaparando tierras agrarias, no puedan recibir apoyos públicos de la PAC. Hay que incorporar el criterio de condicionalidad comercial que impida que agentes de la cadena agroalimentaria que destruyan valor perciban ayudas.

Reforzar la Ley de la Cadena Alimentaria para garantizar precios que cubran los costes

Dar más capacidad inspectora y sancionadora a la AICA, conviertiéndola en Agencia Estatal, incrementar los controles de oficio y mejorar los sistemas públicos de referencia de costes y precios. Debe impedirse que el incremento de costes de producción quede sistemáticamente absorbido por agricultores y ganaderos mientras otros eslabones incrementan sus márgenes. La legislación ya establece mecanismos relacionados con el coste efectivo de producción, pero UPA viene reclamando una aplicación mucho más efectiva, donde el Gobierno Central se comprometa a forzar a las Comunidades Autónomas para que incrementen su labor inspectora.

Un gran Plan Nacional de Relevo Generacional y acceso a la tierra

Combinar ayudas reforzadas a la primera instalación con financiación preferente, avales de SAECA, incentivos fiscales a la transmisión y arrendamiento de explotaciones, bancos de tierras y mecanismos que movilicen explotaciones sin sucesión. Establecer además medidas específicas para la incorporación de mujeres y reforzar la titularidad compartida.

Revisión profunda de los seguros agrarios frente al cambio climático y las crisis sanitarias

Incrementar la financiación de ENESA y adaptar rendimientos, franquicias y coberturas al aumento de sequías, olas de calor, inundaciones, incendios y enfermedades emergentes. Incorporar mejor el lucro cesante y las pérdidas indirectas derivadas de restricciones sanitarias, utilizando cuando sea necesario mecanismos excepcionales. El sistema de seguros agrarios está pensado para una época anterior a la crisis climática y necesita adaptarse a esta situación.

Una política estatal del agua que garantice agricultura familiar y seguridad alimentaria

Aprobar una estrategia de adaptación de los regadíos al cambio climático basada en modernización, ahorro y eficiencia del agua, pero también en garantía de recursos suficientes, almacenamiento, reutilización e interconexiones cuando sean técnica, ambiental y socialmente justificables. Se debe impulsar una nueva gobernanza del agua, para que la planificación hidrológica sea más justa y democrática, contando con la participación efectiva de las organizaciones agrarias.

Prevención de incendios forestales basada en territorio vivo y gestión activa

Impulsar un pacto de Estado para la prevención de incendios forestales que priorice la gestión activa del territorio durante todo el año, no solo la extinción en verano. La política contra incendios debe integrar agricultura, ganadería extensiva, selvicultura, pastoreo, aprovechamientos forestales y mantenimiento de infraestructuras rurales como herramientas esenciales de prevención.

Control de los precios de los insumos y vigilancia de los márgenes empresariales

Establecer un sistema permanente de seguimiento y transparencia de los principales costes de producción agrarios —gasóleo, electricidad, fertilizantes, piensos, semillas, fitosanitarios y otros insumos esenciales— que permita detectar incrementos anómalos de precios y posibles desajustes entre costes, precios finales y márgenes empresariales, reforzando las competencias y medios de la CNMC en este ámbito y publicando indicadores periódicos y accesibles de costes, precios y márgenes.

Energía asequible y transición energética con retorno para agricultores y territorios rurales

Implantar contratos eléctricos adaptados al carácter estacional del regadío, facilitar el autoconsumo y las comunidades energéticas agrarias y mantener una fiscalidad específica mientras no existan alternativas técnicamente viables al gasóleo agrícola. Los grandes proyectos renovables deben incorporar mecanismos de participación y reparto del valor generado con propietarios, agricultores y comunidades locales. Es urgente impulsar la aplicación efectiva y real de la doble tarificación eléctrica para el sector agrario.

Simplificación administrativa

Implantar el principio de “una sola vez”: ningún agricultor debe aportar a una Administración datos que ya obren en poder de otra. Integrar registros agrarios, ganaderos, SIGPAC, PAC, cuaderno de explotación, fiscalidad y Seguridad Social, con procedimientos simplificados para pequeñas y medianas explotaciones. Igualmente, este principio debe incorporarse a cualquier tipo de control que sea necesario realizar a las explotaciones agrícolas, de manera que este trabajo se concentre y no incremente la burocracia de los titulares de explotaciones familiares.

Un Pacto de Estado por la ganadería extensiva

Aprobar un Plan Estatal para la Ganadería Extensiva, actualizar la regulación de la trashumancia y reconocer económicamente sus servicios ambientales: prevención de incendios, mantenimiento de pastos, biodiversidad y fijación de población. Deben reforzarse asimismo las indemnizaciones y medidas preventivas frente a fauna silvestre.

Igualdad de condiciones para las importaciones agroalimentarias

España debe defender en la UE la aplicación efectiva de cláusulas espejo, controles fronterizos suficientes y mecanismos automáticos de salvaguardia cuando las importaciones provoquen perturbaciones graves. Los acuerdos comerciales deben incorporar evaluaciones previas y posteriores de impacto por sectores, teniendo en cuenta las diferencias en normas sanitarias, ambientales, laborales y de bienestar animal.

Sanidad animal: prevención, compensación completa y respuesta rápida a las crisis

Reforzar los servicios veterinarios públicos, la vigilancia epidemiológica, la investigación y las campañas de vacunación cuando procedan. Las indemnizaciones deben cubrir no solo los animales sacrificados, sino también vacíos sanitarios, restricciones de movimientos, pérdida de producción y lucro cesante, evitando que el coste de una política sanitaria de interés general recaiga exclusivamente sobre el ganadero.

Sanidad vegetal

Debemos abodar las nuevas enfermedades y plagas derivadas del cambio climático y de los intercambios comerciales. Debemos impulsar la armonización de materias activas a nivel europeo para garantizar la disponibilidad de herramientas para luchar contra las enfermedades vegetales. También debemos agilizar la disponibilidad de nuevas variedades basadas en las NTG.

Política fiscal y financiera adaptada a la volatilidad agraria

Mantener el sistema de módulos, actualizar reducciones fiscales ante crisis extraordinarias, facilitar reservas fiscales plurianuales que permitan compensar años buenos y malos, reforzar ICO-SAECA y crear mecanismos automáticos de financiación ante fuertes aumentos de costes de energía, fertilizantes, piensos u otros insumos.

Garantizar servicios públicos, vivienda y movilidad para poder vivir y trabajar en el medio rural

Impulsar una política estatal específica que garantice que residir y desarrollar una actividad agraria en el medio rural no suponga un acceso inferior a los servicios esenciales. La continuidad de la agricultura y ganadería familiar depende también de que agricultores, ganaderos, trabajadores y sus familias puedan acceder a vivienda, sanidad, educación, cuidados, transporte, conectividad y servicios administrativos en condiciones adecuadas.

Para ello es necesario desarrollar un Plan de Vivienda Rural que movilice vivienda vacía, facilite la rehabilitación y el alquiler asequible y favorezca el acceso a vivienda de jóvenes, nuevas incorporaciones agrarias y trabajadores del sector; mejorar el transporte público rural, mediante servicios flexibles y transporte a demanda que permitan acceder a cabeceras comarcales, centros sanitarios, educativos y administrativos; asegurar una conectividad digital de calidad y asequible en todo el territorio, tanto para viviendas como para explotaciones agrícolas y ganaderas; mantener una red suficiente de servicios bancarios, postales, comerciales y administrativos, evitando que la digitalización sea la única vía de acceso a servicios esenciales.

La organización agraria considera imprescindible que la agricultura y la ganadería familiar y profesional ocupen un lugar prioritario en la agenda política, por su contribución a la producción de alimentos, la generación de empleo y la vertebración territorial./SPOONFUL